Recientemente se publicó un informe del Department of Homeland Security (DHS) en la que se advertía que los veteranos americanos pudieran estar siendo captados por organizaciones terroristas de extrema derecha en los Estados Unidos. El informe provoco la ira de las organizaciones de veteranos y Janet Napolitano, quien está el frente de este departamento, tuvo que pedir disculpas y aclarar que se trataba de un “assessment” (evaluación), no de una acusación. Bueno, esta es la misma señora que utiliza eufemismos como “man-made disasters” (desastres causados por el hombre) para referirse a actos terroristas.
Hoy, el presidente Barack Obama, cuyas recientes declaraciones y desenvolvimiento en la cumbre de las Américas resultaron un éxito en política exterior, ha declarado que va a dejar en manos de Eric Holder, el fiscal general, la decisión de juzgar a los abogados que aprobaron los “métodos extremos de tortura” que se utilizaron durante la administración del presidente George Walker Bush. Independientemente de lo que se crea sobre la tortura (yo no la apoyo, pero recuerden que aquí estamos hablando de terroristas que pudieran poseer información valiosa sobre futuros actos de terror), hay que pensar en las consecuencias que juzgar a estas abogados pudiera tener en la seguridad de los Estados Unidos.
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